FEEJ se alegra de la celebración de la primera gala de entrega del galardón Andalucía en Flor, una iniciativa impulsada por AMJA, Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza, que reconoce a aquellos municipios que mantienen una apuesta clara por los espacios verdes, su gestión ejemplar, el cuidado sostenible del entorno urbano y el fomento de la corresponsabilidad y la educación ambiental.

Andalucía en Flor, una garantía de responsabilidad ambiental

En Andalucía en Flor se valora el patrimonio paisajístico y las zonas verdes urbanas; es decir, la relación entre el espacio verde y el número de habitantes, entre los recursos destinados al mantenimiento y la superficie verde total, la diversidad floral, la integración paisajística, la singularidad de los espacios verdes y su adecuación a los ciudadanos, la existencia de un inventario de patrimonio vegetal, la selección de especies.

Asimismo, se valora el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad, la gestión integral del agua, los programas respetuosos de control de plagas y enfermedades, gestión sostenible de residuos, limpieza de los espacios, la calidad del mobiliario urbano.

También se tiene en cuenta el uso social, la estrategia de promoción vinculada con los espacios verdes, los programas de educación ambiental, las acciones de participación ciudadana, la organización de eventos relacionados con los jardines y las plantas.

Andalucía en Flor, una etiqueta turística

El particular y reconocible encanto de Andalucía hace de la región uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. La relevancia de los galardones va más allá del reconocimiento a una gestión municipal y ciudadana ejemplar. Además, los galardones proporcionan a los municipios un recurso promocional distintivo y reconocible fuera de nuestras fronteras.

Un proyecto similar, Villes et Villages Fleuris, con 60 años de trayectoria y en el que participan actualmente 4885 municipios, constituye una de las etiquetas turísticas más populares de Francia, garantía de un destino acogedor, respetuoso con el patrimonio y la naturaleza, en el que preocupa el bienestar comunitario.

Los responsables municipales franceses señalan a menudo que el proyecto refuerza la identidad y particularidad de cada lugar y proyecta una imagen positiva de las comunidades que lo habitan. Patrimonio, calidad de vida, hospitalidad y una fuerte identidad local son valores de un atractivo turístico indudable.

Andalucía en Flor, un incentivo al desarrollo local

Pero además, los municipios galos, tras 60 años de experiencia, valoran el programa como una herramienta útil para facilitar el diálogo y la participación de todos los agentes implicados en el desarrollo local. Cargos políticos y técnicos de diversas áreas municipales, instituciones regionales, organizaciones ciudadanas de toda índole (asociaciones de comerciantes, culturales, vecinales, ambientales, etc), empresas, profesionales y personas voluntarias están llamados a participar y a desempeñar su rol con el fin de hacer de su ciudad o su pueblo un lugar más atractivo, próspero, dinámico y saludable.

Municipios premiados

Los ayuntamientos galardonados son Alfarnate, Alhaurín de la Torre, Antequera, Arriate, Benahavis, Cañete de las Torres, Castro del Río, Estepona, Hornachuelos, Istán, Iznatoraf, Jimera de Líbar, Luque, Marbella y Posadas. Felicitaciones.

Jurado

Al Jurado de Andalucía en Flor, compuesto por José Elías Bonells y Ricardo Librero López, hay que reconocerle sus impecables trayectorias profesionales, su profundo conocimiento de la jardinería andaluza y agradecerle su entusiasta implicación en el proyecto. Durante la gala, conoceremos el fallo y se hará entrega de una a cinco Flores de Andalucía a cada uno de los municipios galardonados.

Entidades colaboradoras

Agradecemos con ganas a los organismos y empresas que colaboran con AMJA para llevar a cabo este ilusionante proyecto, Agrojardín, Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Fertinyect, Koppert, Munitec, Rain Bird, Riversa, Navarro Montes y Viveros Guzmán.

Programa

El evento tendrá lugar en el Auditorio Felipe VI de Estepona, el viernes 31 de julio, a partir de las 10:00 horas y contará con la asistencia prevista del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, los ayuntamientos de Andalucía, diputaciones, autoridades autonómicas, colegios profesionales, empresas y profesionales del sector.

Comenzará con la intervención del alcalde de Estepona, José María García Urbano, que dará la bienvenida a los asistentes, tras lo que se procederá a la lectura del acta por parte del jurado de Andalucía en Flor, para dar paso a la entrega de los galardones. Asimismo, intervendrá el presidente de AMJA, Juan Manuel Ruiz Cobos.

Un grupo de dieciséis asociaciones empresariales entre las que se encuentra la FEEJ ha suscrito un manifiesto cuyo objetivo es lograr mejoras en la contratación pública – y en la cadena de subcontratación- que palíen las ineficiencias que se venían observando hasta la fecha, además de aquellas derivadas de la especial situación de pandemia. Incluye una amplia mención a los problemas de pago, tanto de las administraciones públicas hacia los contratistas como de éstos a los subcontratistas.

MANIFIESTO

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ANTE LA SITUACIÓN POST COVID

La compra pública es uno de los principales motores de una economía, fundamental para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas. En España, la contratación pública representa aproximadamente el 18% del PIB. Numerosos colectivos vinculados a la contratación pública vienen poniendo de manifiesto tradicionales carencias y problemas: lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas… Ahora se suma otro problema más preocupante: la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas.

Las administraciones públicas y los gobiernos que las lideran deben encarar tres grandes retos urgentemente:

– Garantizar los flujos de caja y de cobro, lo que significa “asegurar los circuitos de pago”.

– Garantizar la demanda, esto es, “mantener las cadenas de contratación pública”.

– Afrontar, tajantemente, la «división de los contratos en lotes», ya sean sectoriales o por volumen.

Las administraciones públicas tienen que actuar. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 vendrá seguida de una crisis económica y empresarial de magnitudes inciertas.

“Asegurar los circuitos de pago”

Habitualmente las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo las empresas subcontratistas, se enfrentan a problemas de cobro (dificultad para facturar trabajos, retrasos en el pago, falta de criterios únicos y claros, …). Estos problemas se han agravado, tanto por la paralización de la actividad, como por las medidas preventivas que administraciones públicas y empresas contratistas toman ante un futuro incierto, que se concretan en retrasos y/o anulaciones de pagos, aumentando el nivel de morosidad.

Se mantiene además una bolsa de deuda acumulada por las administraciones públicas con sus proveedores, en forma de facturas y subvenciones pendientes de pago, cuyo plazo, en algunos casos, puede superar los 6 meses. Esto provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas.

Las administraciones públicas deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago. De acuerdo con la legalidad vigente, los pagos deben realizarse en un máximo de 30 días en el sector público. Dadas las circunstancias actuales, los pagos deben agilizarse al máximo, ya que de ello depende la inyección de liquidez al sistema, cuyo origen es trabajo efectuado y confirmado.

En paralelo, las administraciones públicas deben obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal -entre 30 y 60 días en el sector privado-monitorizando los pagos.

También es necesario establecer en los contratos públicos cláusulas que faciliten el pago directo a subcontratistas o, simplemente, impulsar la contratación directa a pequeñas y medianas empresas especialistas.

“Mantener la cadena de contratación pública”

La nueva licitación pública es, en este momento, prácticamente inexistente. Aunque las obras impulsadas por la Administración Central continúan, se constata, desde el inicio del confinamiento, una paralización en organismos dependientes de algunas comunidades autónomas, especialmente, en obra nueva. En otros casos se han suspendido, parcial o totalmente, contratos en curso, o bien, éstos se han modificado para adaptarlos a la situación actual (servicios virtuales, nuevos servicios, …).

Para garantizar la demanda de obra pública en los próximos meses, las administraciones públicas deben actuar:

– Prorrogando los contratos, y facilitando la indemnización por paralización de obras y servicios.

– Realizando licitaciones de forma rápida y ágil, especialmente aquellas administraciones que disponen de capacidad de licitación.

“División de contratos en lotes»

La caída de la demanda del sector privado afectará severamente a muchas empresas de reducida dimensión. Es necesario garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por pequeñas y medianas empresas. Esto es posible, tal como prevé la legislación actual, dividiendo los contratos en lotes: por especialidad sectorial, territorio o volumen del contrato.

La división por lotes supone que un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la administración obtenga mejores condiciones para la ejecución del contrato. La legislación permite limitar el número de lotes por los que puede competir una empresa e, incluso, limitar el número de lotes a adjudicar. También es importante que la fórmula de valoración económica incluya la evaluación adecuada del informe técnico.

Más retos

Los criterios de las diferentes administraciones públicas en la gestión de los pagos de sus contratos deben regirse por directrices únicas y claras. Algunos gobiernos autonómicos han realizado importantes esfuerzos en este sentido. Sin embargo, muchas entidades municipales todavía mantienen una gran disparidad al respecto, lo que preocupa enormemente a las empresas y sectores contratantes, que carecen de criterios armonizados a la hora de cobrar. Este problema agrava las circunstancias actuales de falta de liquidez en las empresas.

Las organizaciones que agrupan ayuntamientos, tales como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) o la Associació Catalana de Municipis (ACM) de Cataluña deben definir, instaurar y recomendar criterios únicos de pago.

Igualmente, todos los ayuntamientos deben contar con directrices claras y precisas, especialmente para los casos de obras menores (jardines, instalaciones… cuya contratación está totalmente paralizada) que en particular garanticen:

1. a) El desconfinamiento de las actividades que puedan iniciar sus tareas próximamente de manera normalizada;

1. b) La continuidad de las actividades que tendrán que mantener una situación de excepcionalidad debido al tipo de tareas que realizan, modificando su forma habitual de prestación de actividad (servicios a las personas, comedores escolares, actividades socioculturales, …).

Finalmente, es necesario que las administraciones públicas reconozcan contractualmente que, en la actualidad y durante cierto tiempo, la mayoría de las empresas suministradoras prestarán su actividad en condiciones especiales de excepcionalidad, no previstas en los contratos originales, lo que implica incrementos en sus costes: más personas, cambios de turnos, sistemas de protección, mayores distancias y espacios… Por ello, hay que examinar las licitaciones ya realizadas contemplando cambios de precios o indemnizaciones compensatorias, a través, por ejemplo, de la creación de mesas sectoriales.

ENTIDADES ADHERIDAS

• ACAES Associació Catalana d’Empreses de Segurtat
• ACCAC Associació de Cases de Colónies i Albergs de Catalunya
• ACELLEC AssociacióCatalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura
• ACETREF Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals
• AEEET Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes
• ASCEN Associació Catalana d’Empreses de Neteja
• ASINCA
• DINCAT Associació Empresarial d’Economia Social
• FECEMINTE Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
• FEEJ Federación Española de Empresas de Jardinería
• FEGICAT Federació catalana d’empreses instal·ladores
• FOESC Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Socio-cultural
• GREMI D’ARIDS DE CATALUNYA
• GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA
• ILERDECO
• PIMEC

Previsiblemente, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad también se adherirá al manifiesto, ya que todos los puntos que contiene se han venido reclamando desde hace tiempo