INFORME SOBRE MOROSIDAD: ESTUDIOS PLAZOS DE PAGO EN ESPAÑA 2020

La PMcM denuncia el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores del sector público y privado y augura una situación sin precedentes si no se remedia con la implantación de un régimen sancionador

  • Se igualan los plazos públicos y los privados, situándose en 77 días, muy lejos de los 30 días que establece la ley para las AA.PP. y los 60 días para el sector privado. Esta tendencia podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las AAPP frente a los del sector privado.
  • La crisis de la COVID-19 ha hecho mella en pymes y autónomos. El 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios, y el 48% cree que sus plazos de cobro continuarán empeorando durante 2021.
  • El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Madrid, 25 de febrero de 2021.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado, y el más que significativo aumento del 74% de los impagados, constatado en la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020”.

Del análisis se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó tanto enel sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019). De este modo, los plazos medios de pago distan aún más de los establecidos por la ley 15/2010 (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas). Se han igualado los plazos públicos y los privados, tendencia que podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las AAPP frente a los del sector privado.

A tenor de la entidad, se ha constatado que este empeoramiento de los plazos de pago está haciéndonos retroceder a los niveles registrados en 2015 (por parte de las AA.PP.) y en 2016 (en el sector privado). “Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era post-covid-19 en el que nos encontramos inmersos”, alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, teniendo en cuenta el contexto de la crisis del COVID-19, casi la mitad de los encuestados (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021.

Cañete advierte del “riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez”. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago. En este sentido, el 8% de las empresas participantes en el estudio de la PMcM han manifestado que la crisis del COVID-19 ya les ha llevado a ampliar sus plazos de pago. “Si no salimos de este bucle de forma inminente, puede llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial”, aclara.

Según declaran los encuestados, si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reducirían su necesidad de financiación en más de un 40%, y el 24% de los encuestados la rebajarían entre un 20% y un 40%.

De acuerdo con el “Informe sobre Morosidad 2020” de la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 5,4%, lo que significó un “aumento peligroso” de un 74% respecto a 2019, situándose muy cerca del dato de 2014 del 5,7%, advierte Cañete.

Las grandes empresas, las peores pagadoras

La mitad (50%) de los encuestados aseguran que sus clientes del sector privado han empeorado sus plazos de pago. Por tamaño de empresa, para la mitad de los encuestados (50%), el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal: el 36% coincide en que lo hacenalgo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Además del empeoramiento de los plazos de pago, también se constata la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 87% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 60% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de más de 10 años, no deja de sorprender que un 40% de las empresas aún la desconozca”.

En lo que se refiere al medio de pago frecuente, el confirming, el 11% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes desde el comienzo de la crisis del COVID-19. El 19% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 2% les obligan a descontarlo.

Régimen sancionador

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ante estas cifras y en la era COVID, urge a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos, en un contexto marcado por la COVID-19 que ha golpeado duramente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos.

Por ello, ha solicitado a los grupos políticos “responsabilidad” para que en el trámite de enmiendas (que finaliza el 3 de marzo) se tomen las ya pactadas durante la negociación de la Ley presentada por Ciudadanos, y se agilice así la instauración del régimen sancionador.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Cuenta oficial de Twitter: @PMcMorosidad

Antoni Cañete, presidente de PMcM: @AntoniCanete

Página web: http://www.pmcm.es/

Blog morosidad: http://www.pmcm.es/blog

Notas de prensa: http://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32

Campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir «que nuestros clientes cumplan con los plazos de pago legales»

Más información: Roman. Telf.91 591 55 00 / 650 03 09 46. Anabel Palacio a.palacio@romanrm.com Tamara Raposo t.raposo@romanrm.com

Informe Morosidad 2020 (PDF)

MANIFIESTO La contratación pública en la situación post covid

La compra pública es uno de los principales motores de la economía, fundamental para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas. En España, la contratación pública representa aproximadamente el 18% del PIB.

Numerosos colectivos vinculados a la contratación pública vienen poniendo de manifiesto tradicionales carencias y problemas: lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas… Ahora se suma otro problema más preocupante: la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas.

Las administraciones públicas y los gobiernos que las lideran deben encarar tres grandes retos urgentemente:

– Garantizar los flujos de caja y de cobro, lo que significa “asegurar los circuitos de pago”.

– Garantizar la demanda, esto es, “mantener las cadenas de contratación pública”.

– Afrontar, tajantemente, la «división de los contratos en lotes», ya sean sectoriales o por volumen.

Las administraciones públicas tienen que actuar. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 vendrá seguida de una crisis económica y empresarial de magnitudes inciertas.

Asegurar los circuitos de pago”

Habitualmente las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo las empresas subcontratistas, se enfrentan a problemas de cobro (dificultad para facturar trabajos, retrasos en el pago, falta de criterios únicos y claros, …). Estos problemas se han agravado, tanto por la paralización de la actividad, como por las medidas preventivas que administraciones públicas y empresas contratistas toman ante un futuro incierto, que se concretan en retrasos y/o anulaciones de pagos, aumentando el nivel de morosidad.

Se mantiene además una bolsa de deuda acumulada por las administraciones públicas con sus proveedores, en forma de facturas y subvenciones pendientes de pago, cuyo plazo, en algunos casos, puede superar los 6 meses. Esto provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas.

Las administraciones públicas deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago. De acuerdo con la legalidad vigente, los pagos deben realizarse en un máximo de 30 días en el sector público. Dadas las circunstancias actuales, los pagos deben agilizarse al máximo, ya que de ello depende la inyección de liquidez al sistema, cuyo origen es trabajo efectuado y confirmado.

En paralelo, las administraciones públicas deben obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal -entre 30 y 60 días en el sector privado- monitorizando los pagos.

También es necesario establecer en los contratos públicos cláusulas que faciliten el pago directo a subcontratistas o, simplemente, impulsar la contratación directa a pequeñas y medianas empresas especialistas.

Mantener la cadena de contratación pública”

La nueva licitación pública es, en este momento, prácticamente inexistente. Aunque las obras impulsadas por la Administración Central continúan, se constata, desde el inicio del confinamiento, una paralización en organismos dependientes de algunas comunidades autónomas, especialmente, en obra nueva. En otros casos se han suspendido, parcial o totalmente, contratos en curso, o bien, éstos se han modificado para adaptarlos a la situación actual (servicios virtuales, nuevos servicios, …).

Para garantizar la demanda de obra pública en los próximos meses, las administraciones públicas deben actuar:

– Prorrogando los contratos, y facilitando la indemnización por paralización de obras y servicios.

– Realizando licitaciones de forma rápida y ágil, especialmente aquellas administraciones que disponen de capacidad de licitación.

División de contratos en lotes»

La caída de la demanda del sector privado afectará severamente a muchas empresas de reducida dimensión. Es necesario garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por pequeñas y medianas empresas. Esto es posible, tal como prevé la legislación actual, dividiendo los contratos en lotes: por especialidad sectorial, territorio o volumen del contrato.

La división por lotes supone que un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la administración obtenga mejores condiciones para la ejecución del contrato. La legislación permite limitar el número de lotes por los que puede competir una empresa e, incluso, limitar el número de lotes a adjudicar. También es importante que la fórmula de valoración económica incluya la evaluación adecuada del informe técnico.

Más retos

Los criterios de las diferentes administraciones públicas en la gestión de los pagos de sus contratos deben regirse por directrices únicas y claras. Algunos gobiernos autonómicos han realizado importantes esfuerzos en este sentido. Sin embargo, muchas entidades municipales todavía mantienen una gran disparidad al respecto, lo que preocupa enormemente a las empresas y sectores contratantes, que carecen de criterios armonizados a la hora de cobrar. Este problema agrava las circunstancias actuales de falta de liquidez en las empresas.

Las organizaciones que agrupan ayuntamientos, tales como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) o la Associació Catalana de Municipis (ACM) de Cataluña deben definir, instaurar y recomendar criterios únicos de pago.

Igualmente, todos los ayuntamientos deben contar con directrices claras y precisas, especialmente para los casos de obras menores (jardines, instalaciones… cuya contratación está totalmente paralizada) que en particular garanticen:

  1. a) El desconfinamiento de las actividades que puedan iniciar sus tareas próximamente de manera normalizada;
  2. b) La continuidad de las actividades que tendrán que mantener una situación de excepcionalidad debido al tipo de tareas que realizan, modificando su forma habitual de prestación de actividad (servicios a las personas, comedores escolares, actividades socioculturales, …).

Finalmente, es necesario que las administraciones públicas reconozcan contractualmente qué, en la actualidad y durante cierto tiempo, la mayoría de las empresas suministradoras prestarán su actividad en condiciones especiales de excepcionalidad, no previstas en los contratos originales, lo que implica incrementos en sus costes: más personas, cambios de turnos, sistemas de protección, mayores distancias y espacios… Por ello, hay que examinar las licitaciones ya realizadas contemplando cambios de precios o indemnizaciones a través, por ejemplo, de mesas sectoriales.

Manifiesto de la contratación pública (PDF)