MANIFIESTO La contratación pública en la situación post covid

La compra pública es uno de los principales motores de la economía, fundamental para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas. En España, la contratación pública representa aproximadamente el 18% del PIB.

Numerosos colectivos vinculados a la contratación pública vienen poniendo de manifiesto tradicionales carencias y problemas: lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas… Ahora se suma otro problema más preocupante: la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas.

Las administraciones públicas y los gobiernos que las lideran deben encarar tres grandes retos urgentemente:

– Garantizar los flujos de caja y de cobro, lo que significa “asegurar los circuitos de pago”.

– Garantizar la demanda, esto es, “mantener las cadenas de contratación pública”.

– Afrontar, tajantemente, la «división de los contratos en lotes», ya sean sectoriales o por volumen.

Las administraciones públicas tienen que actuar. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 vendrá seguida de una crisis económica y empresarial de magnitudes inciertas.

“Asegurar los circuitos de pago”

Habitualmente las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo las empresas subcontratistas, se enfrentan a problemas de cobro (dificultad para facturar trabajos, retrasos en el pago, falta de criterios únicos y claros, …). Estos problemas se han agravado, tanto por la paralización de la actividad, como por las medidas preventivas que administraciones públicas y empresas contratistas toman ante un futuro incierto, que se concretan en retrasos y/o anulaciones de pagos, aumentando el nivel de morosidad.

Se mantiene además una bolsa de deuda acumulada por las administraciones públicas con sus proveedores, en forma de facturas y subvenciones pendientes de pago, cuyo plazo, en algunos casos, puede superar los 6 meses. Esto provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas.

Las administraciones públicas deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago. De acuerdo con la legalidad vigente, los pagos deben realizarse en un máximo de 30 días en el sector público. Dadas las circunstancias actuales, los pagos deben agilizarse al máximo, ya que de ello depende la inyección de liquidez al sistema, cuyo origen es trabajo efectuado y confirmado.

En paralelo, las administraciones públicas deben obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal -entre 30 y 60 días en el sector privado- monitorizando los pagos.

También es necesario establecer en los contratos públicos cláusulas que faciliten el pago directo a subcontratistas o, simplemente, impulsar la contratación directa a pequeñas y medianas empresas especialistas.

“Mantener la cadena de contratación pública”

La nueva licitación pública es, en este momento, prácticamente inexistente. Aunque las obras impulsadas por la Administración Central continúan, se constata, desde el inicio del confinamiento, una paralización en organismos dependientes de algunas comunidades autónomas, especialmente, en obra nueva. En otros casos se han suspendido, parcial o totalmente, contratos en curso, o bien, éstos se han modificado para adaptarlos a la situación actual (servicios virtuales, nuevos servicios, …).

Para garantizar la demanda de obra pública en los próximos meses, las administraciones públicas deben actuar:

– Prorrogando los contratos, y facilitando la indemnización por paralización de obras y servicios.

– Realizando licitaciones de forma rápida y ágil, especialmente aquellas administraciones que disponen de capacidad de licitación.

“División de contratos en lotes»

La caída de la demanda del sector privado afectará severamente a muchas empresas de reducida dimensión. Es necesario garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por pequeñas y medianas empresas. Esto es posible, tal como prevé la legislación actual, dividiendo los contratos en lotes: por especialidad sectorial, territorio o volumen del contrato.

La división por lotes supone que un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta: para lotes más pequeños la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la administración obtenga mejores condiciones para la ejecución del contrato. La legislación permite limitar el número de lotes por los que puede competir una empresa e, incluso, limitar el número de lotes a adjudicar. También es importante que la fórmula de valoración económica incluya la evaluación adecuada del informe técnico.

Más retos

Los criterios de las diferentes administraciones públicas en la gestión de los pagos de sus contratos deben regirse por directrices únicas y claras. Algunos gobiernos autonómicos han realizado importantes esfuerzos en este sentido. Sin embargo, muchas entidades municipales todavía mantienen una gran disparidad al respecto, lo que preocupa enormemente a las empresas y sectores contratantes, que carecen de criterios armonizados a la hora de cobrar. Este problema agrava las circunstancias actuales de falta de liquidez en las empresas.

Las organizaciones que agrupan ayuntamientos, tales como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) o la Associació Catalana de Municipis (ACM) de Cataluña deben definir, instaurar y recomendar criterios únicos de pago.

Igualmente, todos los ayuntamientos deben contar con directrices claras y precisas, especialmente para los casos de obras menores (jardines, instalaciones… cuya contratación está totalmente paralizada) que en particular garanticen:

1. a) El desconfinamiento de las actividades que puedan iniciar sus tareas próximamente de manera normalizada;
2. b) La continuidad de las actividades que tendrán que mantener una situación de excepcionalidad debido al tipo de tareas que realizan, modificando su forma habitual de prestación de actividad (servicios a las personas, comedores escolares, actividades socioculturales, …).

Finalmente, es necesario que las administraciones públicas reconozcan contractualmente qué, en la actualidad y durante cierto tiempo, la mayoría de las empresas suministradoras prestarán su actividad en condiciones especiales de excepcionalidad, no previstas en los contratos originales, lo que implica incrementos en sus costes: más personas, cambios de turnos, sistemas de protección, mayores distancias y espacios… Por ello, hay que examinar las licitaciones ya realizadas contemplando cambios de precios o indemnizaciones a través, por ejemplo, de mesas sectoriales.

Manifiesto de la contratación pública (PDF)